El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la
declaración indagatoria, el desafuero y posterior detención del exministro de
Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en una causa
que investiga un presunto millonario fraude en el yacimiento de Río Turbio.
Así lo solicitó en un dictamen acusatorio que
presentó hoy ante el juez federal Luis Rodríguez, en el que incluyó a otros 23
investigados, entre ellos el actual intendente de la ciudad santacruceña de Río
Turbio, Atanacio Pérez Osuna.
En un dictamen de 60 carillas al que accedió
Télam, el fiscal pidió al juez federal Luis Rodríguez la indagatoria y la
detención de todos los imputados y, en el caso del exministro Julio De Vido, el
desafuero posterior a la indagatoria, que permita ordenar su prisión.
Al fundar su pedido, el representante del
Ministerio Público Fiscal indicó que las maniobras por defraudación a la
administración pública superiores a los 26 millones de pesos investigadas en la
causa "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios
del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la
Nación", quienes -indicó- estaban "obligados a velar por el fiel
cumplimiento de las normas de obra pública".
De Vido & Co
Además de De Vido se pidió la indagatoria y
detención de su ex segundo en Planificación Federal, Roberto Baratta; del
actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; y del ex secretario de Minería de
la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral.
También, solicitó la misma medida en relación a
Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que,
durante toda la gestión kirchnerista, encabezó Julio De Vido.
"Todos en aquel tiempo eran garantes en la
protección del patrimonio público aplicado en los proyectos" que la
Justicia cuestiona, agregó Stornelli.
Así lo hizo en el marco del expediente que
tramita en el juzgado a cargo de Rodríguez, iniciado merced a una denuncia
presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome.
En este sentido, el fiscal consideró que hay
pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la "gravedad del
delito".
Los millonarios fondos estaban destinados a
reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de
un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona.
Además se imputan irregularidades en las
comisiones cobradas por la Universidad Tecnológica Nacional y la de Santa Cruz
por obras que les fueron cedidas.
Por ello, el pedido de indagatoria y detención
abarcó además a responsables de ambas casas de estudio y también de una
fundación de la UTN que, para el fiscal, se creó a fin de vehiculizar el pago
irregular de comisiones por Río Turbio.
PUBLICADO EL 4/07/201
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