El secretario general de la Presidencia,
Fernando de Andreis, pidió que investiguen a los jueces y calificó su decisión
como "una manipulación".
Tras la excarcelación de Cristóbal López y el
cambio de carátula de su causa, que pasó de defraudación al Estado a
"apropiación indebida de tributos", el Gobierno volvió a apuntar
contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal. "El fallo es
deprimente para todos los argentinos", aseveró el secretario general de la
Presidencia, Francisco de Andreis.
En una entrevista en el canal de Noticias TN,
el funcionario disparó contra el accionar de los magistrados Jorge Ballestero y
Eduardo Farah, que aprobaron la revocación de la prisión preventiva tanto de
López como de su socio Fabián De Sousa. "Un argentino medio paga todos sus
impuestos y de repente aparece un tipo que se queda con 17 mil millones de pesos,
a valor de hoy. Y esto para los jueces no es corrupción", arremetió. Y
advirtió que el Consejo de la Magistratura deberá investigarlos ya que no es la
primera vez que "tienen fallos polémicos".
De Andreis reiteró las palabras de Germán
Garavano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y argumentó que se está
dando "un mensaje equivocado"por parte del poder judicial. "Esto
no conduce a nada. Es díficil no verlo como una manipulación. Es una muestra de
la Argentina que tenemos que dejar atrás", opinó el secretario.
López y De Sousa estaban presos desde mediados
de diciembre de 2017, acusados de haberse apropiado de 8000 millones del
Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) para financiar la
expansión del Grupo Indalo, el holding económico que creció de manera colosal
durante los gobiernos kirchneristas.
Según la investigación, con el aval del
extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, se quedaron con el dinero que la
petrolera Oil Combustibles debía haber transferido al ente de ingresos públicos
y, de esa manera, financiaron al grupo, que también posee medios de
comunicación (C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros), empresas de
alimentos y la constructora CPC.
El juez Farah recordó que las prisiones
preventivas se habían dispuesto por un posible "riesgo de entorpecimiento
de la investigación", mientras se negociaba la venta de Indalo -ahora
llamado Ceibo- al un grupo cuya cara visible es Ignacio Rosner. Para el
magistrado no existe ese riesgo, ya que ambos procesados pidieron que se autorizara
el traspaso las acciones.
PUBLICADO EL 19-03-2018