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Con el fin de posibilitar el
pago del IPROSS a las farmacias no involucradas en la investigación penal, la
Fiscalía de Estado logró el embargo al Colegio de Farmacéuticos.
En virtud de la medida ordenada
por la jueza de Garantías, Natalia González,
la entidad colegiada deberá retener preventivamente las sumas que tengan
para cobrar las farmacias involucradas. De este modo se busca reparar parte de
los daños provocados al patrimonio provincial, en el término de seis meses.
El dinero que transfiera la obra
social provincial al Colegio y que tuviera por destino el pago a los
farmacéuticos individualizados, no llegará a los mismos, y quedará embargado
hasta tanto se resuelva la investigación penal en curso.
A pedido de la Fiscalía de
Estado, en su calidad de Querellante, la Jueza de Garantías ordenó asimismo la
inhibición general de bienes de los farmacéuticos imputados, conjuntamente con
la empleada del colegio (también imputada).
PUBLICADO EL: 17-06-2019
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